PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA EL CONFLICTO DE INTERÉS
En México cerca de 15 millones de mexicanas y mexicanos fuman: 4.1 mujeres y 10.6 hombres. Casi dos terceras partes de los fumadores fuman ocasionalmente (ENSANUT 2018). Si bien entre 2002 y 2009 hubo una caída importante en la prevalencia de fumadores diarios, esta tendencia se ha estancado en los últimos años (especialmente del 2011 a la fecha). En cambio, la prevalencia de fumadores ocasionales ha aumentado en la última década.
Cada año 63,200 mexicanas y mexicanos mueren por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco, lo cual representa 9.7% de todas las muertes que se producen en el país. La morbilidad está asociada al consumo de tabaco, hay más de 429 mil casos anuales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardíacas y otras enfermedades. La atención de dichas enfermedades tiene un costo económico y social superior a los 187 mil millones de pesos, de los cuales 116.1 mil millones son costos directos, 51.3 mil millones son costos por productividad laboral perdida y casi 20 mil millones por cuidados familiares (IECS, 2020).
Ante esta realidad las tabacaleras siguen vendiendo un producto que mata a más de la mitad de sus consumidores, además de aplicar tácticas y estrategias para detener cualquier política pública que busque detener la epidemia del tabaquismo.
La participación de la industria en el desarrollo de políticas ha aumentado, con claros ejemplos de injerencia directa de representantes o aliados de la industria tabacalera en la Cámara de Diputados durante el proceso parlamentario de aprobación de la reforma a la Ley General de Control del Tabaco. La presidencia de la Comisión de Economía y el propio Ministerio de Economía han retomado argumentos de la industria para obstaculizar el avance de las reformas. Más iniciativas de reforma favorecen los intereses de la industria, con regulaciones laxas hacia los sistemas electrónicos de suministro de nicotina y los productos de tabaco calentados.
La legislación electoral no está protegida contra COI, a través de la divulgación completa de las contribuciones de la industria tabacalera a candidatos o partidos políticos. Esto es especialmente relevante este 2021 cuando se renovará la Cámara de Diputados. Al parecer varios funcionarios clave en México están gobernando con un COI, por ejemplo, el ahora expresidente de la Comisión de Salud del Senado mexicano, Miguel Ángel Navarro Quintero, había apoyado públicamente a la industria tabacalera. En 2019 pidió dejar de demonizar a la industria tabacalera ya que genera inversiones y empleos en el país, mientras se comprometió a trabajar para que las reformas legales no perjudiquen a las empresas. Por lo tanto, cada idea de enmienda integral al control del tabaco que llega a su oficina se bloquea, se retrasa y se comparte con la industria.
El trabajo propuesto para exponer y crear conciencia sobre este tipo de COI podría, por lo tanto, sentar las bases para desarrollar un proceso sostenible para el seguimiento sistemático de legisladores y funcionarios con COI.